La Comisión de Expertos de las Corts en Financiación Autonómica presenta el informe de respuesta al planteamiento del Ministerio de Hacienda sobre la población ajustada
València, 27 de enero de 2022.- La Comisión de Expertos de las Corts en Financiación Autonómica, de la cual forma parte el síndic major de comptes, Vicent Cucarella, presentó ayer su informe de valoración sobre el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Cálculo de la Población Ajustada del Ministerio de Hacienda. El trabajo fue entregado primero a la Comisión Mixta Corts-Consell en la sede del parlamento valenciano y, a continuación, al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y a la Plataforma por una Financiación Justa, en el Palau de la Generalitat, donde también estuvieron presentes la vicepresidenta, Mònica Oltra, y el conseller de Hacienda, Vicent Soler. Los principales partidos políticos y agentes sociales han expresado su apoyo al informe de los expertos valencianos.
Una propuesta insuficiente
El informe presentado constituye el documento de alegaciones de la Comunitat Valenciana a la propuesta del gobierno para abordar el cálculo de la “población ajustada” dentro de la reforma del sistema de financiación autonómica. Esta es una variable ponderada con el objetivo de estimar de manera adecuada las necesidades de cada territorio, en la cual se incorpora principalmente la población –teniendo en cuenta los diferentes tramos de edad–, pero también otras variables socioeconómicas y geográficas que pueden encarecer el coste de los servicios públicos.
Los expertos valencianos consideran que una correcta estimación de la población ajustada tendría que ser la forma de estimar las necesidades que el modelo de financiación reconoce a la hora de distribuir todos los recursos entre las comunidades autónomas, pero, a la vez, valoran que la propuesta actual "no puede ser considerada suficiente para abordar la necesaria y urgente reforma del actual Sistema de Financiación Autonómica”.
En este sentido, el trabajo de la comisión recuerda que el informe del Ministerio de Hacienda solo habla de un nuevo cálculo de la población ajustada, pero en el Sistema de Financiación Autonómica vigente hay más elementos además de este. "Desde la generalización de competencias en 2002, los mayores problemas de funcionamiento de la financiación autonómica no son consecuencia de la definición de este indicador, sino que vienen provocados por el resto de instrumentos del sistema", recalcan. La disfunción más relevante, señalan los expertos, "ha sido que la asignación del conjunto de recursos no se ha realizado siguiendo el indicador de necesidad de la población ajustada, sino una lógica de mantenimiento del statu quo que no responde a ninguna valoración objetiva de las necesidades de gasto de las competencias autonómicas" y este problema podría consolidarse si se incorporan variables inadecuadas dentro de la propia población ajustada.
Así pues, en opinión de los expertos valencianos, el planteamiento del gobierno "es mejorable a nivel técnico y no garantiza la solución de los problemas de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana si la nivelación de los recursos por unidad de necesidad no se basa en criterios muy fundados, porque con algunos de los indicadores que se contemplan con escaso fundamento podría mantenerse una financiación por habitante alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas".
Enmiendas necesarias para una financiación justa
El informe de los expertos valencianos, presentado a la Comisión Mixta Corts-Consell y a la Plataforma por una Financiación Justa, incluye una primera parte con observaciones para "mejorar" la propuesta inicial del Ministerio de Hacienda y una segunda con cuestiones "de fondo y más críticas" sobre las lagunas técnicas de una propuesta que, de imponerse en el modelo definitivo, darían como resultado unas diferencias de financiación por habitante entre las comunidades autónomas de régimen común muy parecidas a las actuales. "Estaríamos en este caso ante una nueva modalidad de preservar el statu quo, como ha sucedido en las sucesivas reformas", alertan los expertos.
En las alegaciones al informe del Ministerio, la Comunitat Valenciana insistirá en que el nuevo Sistema de Financiación Autonómica contemple, además de la adecuada definición de necesidades basadas en población, una serie de enmiendas clave para una financiación justa. La primera es la garantía de que el indicador representativo de las necesidades sea el que determine el reparto de la totalidad de los recursos autonómicos. Es decir, que no se añadan otros "fondos discrecionales que impidan de facto un reparto justo". Además, se aboga por la eliminación de las variables "no poblacionales", porque están "injustificadas y generan asimetrías inaceptables".
Además, la comisión propone cambios técnicos para recalcular los indicadores considerados para la estimación de las necesidades en los servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y servicios sociales), con el fin de hacerlos "más reales" y conseguir "un sistema más simple, más transparente, más equitativo".
En tercer lugar, los expertos piden que el nuevo sistema de financiación tenga suficiencia dinámica, es decir, que garantice la financiación de las competencias autonómicas y que también se adapte según la evolución de la población, para así evitar que el nuevo sistema "quede obsoleto en pocos años".
Para propiciar la equidad vertical, el informe insta a "una redistribución más eficiente de los recursos entre la Administración central, autonómica y local", con un reparto que "atienda mejor" las responsabilidades asignadas a cada nivel competencial y que amplíe la participación de las comunidades en las diferentes figuras impositivas.
Compensación de la 'deuda histórica'
Por último, la comisión también considera "sustancial" contemplar en la negociación del nuevo Sistema de Financiación Autonómica "la compensación de la deuda autonómica derivada de la infrafinanciación en todas las comunidades afectadas por esta, estableciendo un mecanismo transparente, objetivo y plenamente justificado". Según explica el informe, esa compensación "tiene que permitir la reversión de la discriminación sufrida en las últimas décadas por las comunidades infrafinanciadas y sus perniciosos efectos, acumulados en forma de endeudamiento autonómico desde que se aplicaron los sucesivos modelos de financiación basados en el statu quo”.
Además, considera "imprescindible" revertir las consecuencias de la política de estabilidad presupuestaria desarrollada por el Gobierno central a partir de 2009 "en la medida que quitó, unilateralmente, parte de la participación autonómica en la recaudación de los tributos compartidos y fijó objetivos de déficit no proporcionados". Según explican los expertos, "la combinación de ambas decisiones mantuvo los recursos autonómicos por debajo de la evolución del indicador de necesidad vigente en el Sistema de Financiación Autonómica, con la consiguiente acumulación de endeudamiento en las comunidades autónomas".
Finalmente, los expertos valencianos reiteran la reivindicación de un fondo de nivelación transitoria aplicable en este mismo ejercicio con el objetivo de paliar urgentemente los efectos que la infrafinanciación tiene en los ingresos y el equilibrio financiero de las comunidades perjudicadas año tras año "si según el parecer del Gobierno de España las circunstancias no permiten abordar inmediatamente, en 2022, una reforma del sistema".
Además del síndic major de comptes, Vicent Cucarella, la Comisión de Expertos de las Corts en Financiación Autonómica la integran: Francisco Pérez, catedrático emérito de la Universidad de València y director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE); Rafael Beneyto, director general de Tributos y Juego de la Generalitat; Eusebio Monzó, asesor en innovación de la Universitat Politècnica de València (UPV) y ex secretario autonómico de Hacienda; José Antonio Pérez, también de la UPV, y Ángeles Pla, profesora titular de la Universitat de València. Como secretaria, figura María Dolores Furió, directora general de Modelo Económico, Financiación Autonómica y Política Financiera de la Generalitat y, como colaboradores para este informe, Francisco J. Goerlich, catedrático de la Universitat de València y profesor investigador del IVIE, y los técnicos de investigación de este mismo instituto Silvia Mollá y Juan Pérez (anterior director general de Modelo Económico, Financiación Autonómica y Política Financiera).
