Informe de fiscalización sobre acuerdos y resoluciones contrarios a reparos, omisión del trámite de fiscalización previa y anomalías en materia de ingresos. Ejercicios 2017-2018

València, 31 de marzo de 2020.- La Sindicatura de Comptes ha realizado un informe de fiscalización sobre las resoluciones adoptadas contrarias a los reparos formulados por los interventores, los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa y las anomalías detectadas en materia de ingresos. Todo ello analizado sobre una muestra de expedientes entre los municipios de menos de 50.000 habitantes que no fueron analizados en informes anteriores.

La fiscalización efectuada se ha centrado en la información rendida al portal de rendición de cuentas ((https://www.rendiciondecuentas.es). Esta es una plataforma que comparten el Tribunal de Cuentas y las instituciones fiscalizadoras autonómicas y sus objetivos son facilitar la rendición de cuentas de las entidades locales y permitir a los ciudadanos acceder a la información y conocer la gestión desarrollada.

De la información rendida se obtienen las incidencias más significativas detectadas por los responsables del control interno en el desarrollo de su función. Esto permite efectuar una evaluación de riesgos, tanto de entidades como de las áreas en las que se ponen de manifiesto.

Tras obtener las conclusiones que figuran a continuación, la Sindicatura de Comptes reitera la necesidad de que las entidades mejoren la rendición de forma completa y dentro del plazo establecido. Se recomienda también, entre otras cuestiones, que no se considere adecuado el funcionamiento habitual mediante acuerdos de reconocimiento extrajudicial de créditos. La misma recomendación se hace sobre la reiteración de reparos y de informes desfavorables de la Intervención en los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial.

Por último, se pone de manifiesto la necesidad de que se establezcan las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva.

Conclusiones del análisis de la información rendida

De las conclusiones del análisis se desprende que la rendición de información del ejercicio 2018 ha disminuido un 7,1% respecto a 2017, rompiendo la tendencia positiva de ejercicios anteriores.

Por otra parte, un 40% de las entidades que enviaron información en 2017 realizó fiscalización limitada previa, frente al 55% en 2018. La existencia de crédito y la competencia se comprueba en la práctica totalidad de los casos, mientras que alrededor del 50% de ellas verifica otros extremos.

Es relevante la baja incidencia del control financiero de estas entidades, un 33,8% en 2017 y un 27,3% en 2018, por lo que la mayoría no ejerció una de las modalidades de control interno previstas. En un gran número de entidades no existe un control posterior de elementos que no hayan sido objeto de control en la fiscalización previa, ni un control de eficacia o eficiencia.

La Intervención informó negativamente la liquidación del presupuesto de 2017 en diez ayuntamientos y una mancomunidad, y la liquidación de 2018 en ocho ayuntamientos. Respecto a las modificaciones presupuestarias, hubo 91 informes desfavorables emitidos en 2017 y 50 en 2018, la práctica totalidad de ellos en ayuntamientos.

En 2017, 171 entidades locales comunicaron la adopción de un total de 6.509 acuerdos contrarios a los reparos de la Intervención, con un importe asociado de 330 millones de euros. En 2018 fueron 184 entidades con 11.115 acuerdos adoptados, que sumaron un total de 262 millones de euros.

Las principales modalidades de gasto que fueron objeto de reparo fueron, por orden de relevancia, los expedientes de contratación, los gastos de personal, las subvenciones, otros procedimientos y los incumplimientos en la prelación de pagos. Más de la mitad de los reparos formulados tuvieron su causa en la omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales. La gran mayoría de acuerdos contrarios a reparos fueron adoptados por el presidente de la entidad, seguido por el Pleno y por la Junta de Gobierno.

Solo 47 entidades comunicaron la existencia de omisión de fiscalización previa en 2017, con un número total de 1.024 expedientes por un importe de 61 millones de euros. El número de entidades que comunicó esta información en 2018 aumentó hasta 60, un 27,7% más que en 2017. La causa más frecuente fue la omisión de requisitos o trámites esenciales, seguida de la ausencia de fiscalización de los actos que dieron origen a las órdenes de pago y de otros motivos.

En el ámbito de los ingresos, 30 ayuntamientos en 2017 y 33 en 2018 informaron sobre anomalías en un total de 193 expedientes, con un importe asociado de 18 millones de euros. Las tasas fueron los ingresos con el mayor número de anomalías comunicadas, siendo las multas y sanciones los de importe más elevado.

Además de lo indicado, se ha realizado el examen de los acuerdos contrarios a reparos y expedientes con omisión de fiscalización previa por un importe superior a 50.000 euros, así como de las principales anomalías de ingresos recibidos de las entidades locales elegidas en la muestra de la fiscalización, que son las siguientes:

-Los ayuntamientos con población superior a 30.000 habitantes e inferior a 50.000: Aldaia, Alzira, Burjassot, Burriana, Dénia, La Vall d’Uixó, La Vila Joiosa, Manises, Mislata, Ontinyent, Petrer, Santa Pola y Villena.

-Otros municipios con población inferior a 30.000 habitantes: El Campello, Oliva, San Antonio de Benagéber, Silla y Vinaròs.

-Las entidades dependientes respectivas.

Todas estas entidades remitieron la información de 2017 en el plazo estipulado por la Instrucción, a excepción de los ayuntamientos de Manises y Santa Pola, que lo hicieron con demora. En 2018 incumplieron el plazo los ayuntamientos de Alzira, El Campello, Petrer, Santa Pola y Silla.

Hubo 14 entidades que declararon tener implantado un sistema de fiscalización de requisitos básicos para verificar la competencia del órgano que aprueba el gasto, la existencia de crédito y otras comprobaciones adicionales.

Los ayuntamientos de Alzira, Burriana, La Vila Joiosa y Santa Pola manifestaron no tener un sistema de fiscalización limitada previa. En los ejercicios 2017 y 2018, la mayoría de entidades con fiscalización limitada previa tuvo un control posterior de elementos que no habían sido objeto de control en la fiscalización previa o un control de eficacia o eficiencia. En cuatro entidades (los ayuntamientos de Mislata, Petrer, Silla y Villena) no se realizaron actuaciones de control financiero.

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NOTA

Este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro informe y facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado.