Informe de fiscalización del Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal 3 de Residuos del Área C3/V1. Consorcio Palancia Belcaire. Ejercicio 2018 

València, 25 de febrero de 2021.- La Sindicatura de Comptes ha realizado una fiscalización del ejercicio 2018 del Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal 3, Área C3/V1, conocido como Consorcio Palancia Belcaire, cuya denominación anterior era Consorcio para la Ejecución del Plan Zonal III y VIII, Área de Gestión 2. El citado consorcio engloba una planta de tratamiento y un vertedero de residuos en Algímia d'Alfara (València) y un vertedero previsto en La Vall d'Uixò (Castellón), además de 9 ecoparques fijos y 5 móviles. 

El trabajo ha consistido en una auditoría financiera de seguridad razonable de las cuentas anuales del ejercicio 2018 y, además, se han formulado conclusiones sobre la adecuación a la legalidad de las operaciones revisadas. En el informe de auditoría financiera se emite una opinión favorable con cuatro salvedades, entre las que destaca la existencia de deudas no contabilizadas en el balance por informe de 3,1 millones de euros.

En la fiscalización de cumplimento de legalidad destacan los siguientes incumplimientos:

1.    El Consorcio no ha modificado sus estatutos como exige la Ley 40/2015 para determinar la Administración a la que se adscribe. Este incumplimiento supone una indeterminación de su régimen jurídico, presupuestario, contable y de control.

2.    En 2018 el detalle del número y retribuciones del personal colaborador de la Diputación de Castellón no viene claramente recogido en un acuerdo regulador y al menos 11 de los 15 perceptores exceden de los límites previstos en la ley de incompatibilidades, considerando su retribución en la Diputación, sin que exista una autorización individual y expresa.

3.    La tasa fija acordada los últimos ejercicios no cubre todos los gastos y el Consorcio ha acordado un incremento del 19,6%, pasando de 66,4 euros en 2019 a 79,3 euros en 2020.

4.  En la fiscalización del contrato de obra pública para la ejecución de las instalaciones de tratamiento y sus sucesivas modificaciones es relevante:

• La oferta adjudicataria plantea un canon conjunto de valorización y eliminación no previsto en el pliego y supone el coste más elevado de gestión de ecoparques. Se adjudica el contrato a una oferta que plantea el doble de capacidad de la prevista en los pliegos. La oferta económica solamente se pondera un 30%. El concesionario no asume riesgo de explotación, dado que percibe mayor precio cuando se tratan menos toneladas.
• No se recoge en el acta de recepción de la planta y vertedero de Algimia de 2011 el importe de las instalaciones ejecutadas ni consta acta de recepción de los ecoparques con las inversiones previstas (2,9 millones y 1,1 millones para la informatización).
• De los 38,6 millones de inversiones previstas se ejecutan 35 millones de euros (incluyendo el futuro vertedero de la Vall d’Uixó). No se ejecuta la planta de la Vall d’Uixó cuyo coste previsto era de 15 millones de euros y los sobrecostes de las instalaciones de Algímia d’Alfara y el futuro vertedero de La Vall d’Uixó absorben el presupuesto de dicha planta.
• El primer modificado sustituye la ejecución de 59 ecoparques fijos por 5 ecoparques móviles, con una reducción de la facturación anual de apenas un 6,6%.
• El segundo modificado cambia la fórmula de cálculo del precio por tonelada de cada residuo, incluyendo una parte fija y variable. Esta fórmula supone un precio equivalente, si bien las instalaciones ejecutadas son inferiores a las previstas.
• No se ha formalizado ninguna de las modificaciones realizadas y en 2018 se acuerda un aplazamiento del canon de materia orgánica selectiva devengado entre 2011 y 2015 expresamente prohibido en la legislación contractual.

5.    En cuanto a la gestión de voluminosos y RCD, debería haberse tramitado el oportuno expediente de contratación, tras la resolución del contrato con la concesionaria anterior.

Información adicional:

El Consorcio se constituye en 2002 para gestionar el tratamiento y eliminación de residuos de 56 municipios de tres comarcas –El Camp de Morvedre en Valencia y El Alto Palancia y La Plana Baixa en Castellón (véase anexo I)–, siendo la recogida competencia municipal. El órgano plenario, la Junta de Gobierno, está integrado por la Generalitat (20% de votos), la Diputación Provincial de Valencia y la de Castellón (10% cada una) y los municipios consorciados (60% de los votos).

El Consorcio opta por una gestión indirecta y tramita dos concursos, uno para el tratamiento de residuos urbanos que supone la ejecución de plantas y vertederos y otro para el tratamiento de voluminosos (muebles y colchones) y residuos domiciliarios de construcción (escombros).

El contrato de concesión de obra pública de las instalaciones de tratamiento de residuos se firma en 2005 por un plazo de 20 años. Se estima una inversión de 38,6 millones de euros en dos plantas y dos vertederos contiguos, con una capacidad cada una de 120.000 toneladas anuales. El Plan Zonal de 2002 preveía la ejecución de una sola planta y vertedero de 120.000 toneladas de capacidad anual.

De las dos instalaciones previstas solamente se ha ejecutado una de ellas, la planta y vertedero de Algímia d’Alfara, que están en marcha desde 2011. Está prevista la ejecución de un vertedero en La Vall d’Uixó y se ha desestimado ejecutar la planta de tratamiento prevista en dicha localización, ante el exceso de capacidad de la instalación ya ejecutada.

El contrato para la gestión de residuos de construcción domiciliarios (RCD) y voluminosos se adjudica en 2004 por un plazo de 20 años, si bien el Consorcio resuelve este contrato en 2018 por incumplimientos del contratista y al cierre de 2018 todos los residuos son tratados por la concesionaria de las instalaciones de tratamiento de residuos urbanos, por encargo del CPB.

El Consorcio se financia fundamentalmente con la tasa de valorización y eliminación acordada por ordenanza local (11,7 millones de derechos reconocidos en 2018), que se cobra de los contribuyentes y que es un importe fijo independientemente del volumen de residuos generados. En 2018, además se han tratado residuos por importe de 1,7 millones de euros procedentes de otro Consorcio, el V-5, que no dispone de planta.

En 2018, el principal gasto del Consorcio se paga a la concesionaria de las plantas, en concepto de cánones de tratamiento y coste de gestión de ecoparques, alrededor de 10,4 millones de euros, así como gastos de voluminosos y RCD por aproximadamente 0,9 millones de euros anuales. Le siguen los gastos de la recaudación delegada en las diputaciones, de alrededor 0,3 millones anuales.

En 2018 el Consorcio no dispone de personal propio, 15 personas de la Diputación de Castellón colaboran en diversas tareas administrativas y la gerencia es compartida con el Consorcio C1.

Para ver el informe completo, haga clic aquí.

Nota: 

Este resumen pretende ayudar a la comprensión de los resultados de nuestro informe y facilitar la labor a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos su lectura para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado.