Auditoría operativa de la red de centros públicos y privados concertados del sistema para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia en la Comunidad Valenciana. Programa presupuestario 313.60. Ejercicios 2016-2018

València, 10 de septiembre de 2020. La Sindicatura de Comptes ha publicado el informe de auditoría operativa del programa presupuestario 313.60, relativo a la gestión de centros y programa de personas mayores en los ejercicios 2016 a 2018. Esta gestión la lleva cabo la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en Situación de Dependencia, mediante el Servicio de Envejecimiento Activo y Centros de la Vicepresidencia y de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El alcance de esta auditoría se ha centrado en evaluar con criterios de auditoría operativa la gestión del procedimiento de asignación de plazas en los centros residenciales, así como de la prestación de atención residencial del Servicio de Envejecimiento Activo y Centros. En cuanto al ámbito temporal analizado, comprende la situación a 31 de diciembre de 2018. Por lo tanto, es una “foto” en esa fecha y no se han analizado los hechos acontecidos con posterioridad.

En momentos como el que estamos viviendo actualmente nos damos cuenta de la importancia de que la Administración pública garantice un servicio residencial de calidad para asegurar la asistencia a nuestros mayores. En este sentido, el informe puede coadyuvar a mejorarlo en aquellos aspectos que así lo requieran y ser útil a las Administraciones públicas a fin de que provean del mayor número de plazas posible la red de centros residenciales públicos y privados concertados y garantizar así una calidad del servicio adecuada para asegurar una buena atención y un trato digno a los mayores, con una especial atención a los aspectos sociosanitarios.

A continuación encontrarán un resumen de las conclusiones y de las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes incluidas en esta auditoría operativa, seguidas de una infografía que agrupa los datos más significativos.

Recordamos que este resumen pretende ayudar a comprender los resultados de nuestro informe y facilitar la tarea a los lectores y a los medios de comunicación. Recomendamos leer el informe completo aquí para conocer el verdadero alcance del trabajo realizado.

• CONCLUSIONES

En relación con la oferta de recursos públicos

A 31 de diciembre de 2018, la red estaba integrada por 198 centros con un total de 11.742 plazas, de las que 3.886 pertenecían a centros de titularidad pública, 5.038 a plazas concertadas en centros de titularidad privada y 2.818 a plazas municipales y de instituciones sin ánimo de lucro subvencionadas por la Conselleria. Hay que señalar que la Comunidad Valenciana está por debajo de la media nacional en todos los servicios asistenciales, aunque ha mejorado sustancialmente en los años 2017 y 2018, fundamentalmente en la prestación más extendida: la prestación económica por atenciones familiares.

El informe pone de manifiesto que en la fecha indicada había finalizado el plazo fijado en los contratos con seis centros privados concertados con 225 plazas y nueve contratos de gestión integral con 782 plazas. Los nueve contratos de gestión integral se formalizaron con plazos de duración inferiores en un año, aunque continuaban ejecutándose sin contrato vigente en la fecha del trabajo de la Sindicatura.

En cuanto al coste medio por plaza y día, en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 ascendió a 58,2, 56,8 y 56,4 euros respectivamente. De acuerdo con la estimación realizada, el coste corriente por plaza y día de los centros de gestión directa es significativamente superior al coste medio de las otras modalidades de gestión. En concreto, un 40,5% y un 53,7% superiores respecto al coste medio de las plazas concertadas en los centros privados, y un 22,6% y un 28,9% superiores al coste corriente medio de los centros de titularidad de la Generalitat pero de gestión indirecta o integral para el periodo 2016-2017. 

La auditoría también indica que los requisitos de infraestructuras de algunos centros no exigen su uso hospitalario porque se establecieron de acuerdo con lo que disponía la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social. El Decreto 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de servicios sociales, también entiende acreditados los centros autorizados con la legislación anterior, por lo cual no da solución al cumplimiento efectivo de los requisitos estructurales mínimos establecidos en la legislación actual.

En relación con el procedimiento de asignación de plazas en centros de atención residencial

En el procedimiento de asignación de plazas para personas en situación de dependencia, la auditoría constata que el plazo medio estimado desde la solicitud de preferencia del servicio de atención residencial hasta la emisión de la resolución del Programa Individual de Atención (PIA) es de 283 días y el plazo desde la resolución del PIA hasta el ingreso en el centro residencial es de siete días. La dilación en los plazos se produce fundamentalmente por la falta de plazas disponibles, puesto que no es posible aprobar el PIA antes de que haya una vacante en uno de los tres centros solicitados.

El trabajo realizado por la Sindicatura pone de manifiesto un incremento del 40,3% de las personas en lista de espera del procedimiento de dependencia durante el periodo comprendido entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018. Hay que señalar en este sentido que el número de plazas disponibles en los centros residenciales se incrementó en este periodo en un 3,2%, y que en diciembre de 2018 el nivel de ocupación de las residencias era del 87,7%. El incremento en la lista de espera pudiera ser debido fundamentalmente a un aumento del número de personas con reconocimiento de un grado de dependencia II y III que hubieran solicitado su ingreso en un centro residencial.

La auditoría también estima el esfuerzo económico necesario por parte de la Generalitat Valenciana para eliminar la lista de espera a 31 de diciembre de 2018 en 52,1 millones de euros. A esta suma habría que añadir, además, el importe derivado de la construcción y dotación de las residencias necesarias en gestión directa e indirecta.

En relación con la calidad del servicio de atención residencial

Del trabajo realizado por el ente fiscalizador se desprende que las ratios de personal de atención directa por usuario son mayores en los centros de gestión directa. También se concluye que las ratios mínimas de personal de atención directa no se consideran suficientes para proporcionar un servicio de calidad a las personas atendidas, dado que el 77,1% de los usuarios, sin tener en cuenta los de los centros de gestión directa, tienen un grado de dependencia II y III, lo cual implica unos perfiles muy difíciles de atender adecuadamente con las ratios de personal establecidas.

La auditoría también pone de manifiesto que los centros de gestión indirecta o integral, privados concertados y de instituciones sin ánimo de lucro ponen más énfasis en los aspectos destinados a regular e implantar normas y protocolos para mejorar y estandarizar los procesos relacionados con la calidad del servicio que los centros de gestión directa y municipal. Y añade que en la fecha de realización de esta auditoría operativa no se habían diseñado indicadores para evaluar la calidad de la atención residencial. Sin embargo, la Conselleria ha indicado que la carta de servicios de las residencias de personas mayores, que ha recibido el informe favorable el 19 de septiembre de 2019 de la Inspección de Servicios, recoge siete indicadores para evaluar algunos aspectos orientados a este objetivo.

En cuanto a los indicadores de atención sanitaria, el trabajo de la Sindicatura concluye que no presentan variaciones significativas entre las diversas modalidades de gestión de los centros residenciales.

En cuanto a los incumplimientos, la auditoría indica que en los años 2017 y 2018, el Servicio de Inspección y Acreditación de la Conselleria inspeccionó 102 centros y detectó 473 incumplimientos. Los más numerosos hacen referencia a la normativa contraincendios, seguidos de los referidos al estado de las infraestructuras. Proporcionalmente a las plazas inspeccionadas, los centros con mayor porcentaje de incumplimientos son los centros de instituciones sin ánimo de lucro. En cualquier caso, el trabajo concluye que el porcentaje de denuncias no ha sido significativo, y que es la modalidad de gestión privada concertada la que recibió un número mayor de denuncias en relación con el número de plazas, seguida de los centros de gestión indirecta o integral.

• RECOMENDACIONES

Como siempre, la Sindicatura de Comptes ha efectuado una serie de recomendaciones que considera necesarias para mejorar la gestión de centros y programa de personas mayores. Estas pasan, antes que nada, por la realización previa de los análisis y evaluaciones pertinentes que prevean las ratios e indicadores que sirvan para tomar las decisiones más adecuadas para la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos en materia de dependencia. También ha recomendado que se agilice la tramitación de los contratos de plazas de gestión integral o indirecta y privadas para minimizar la incertidumbre de las empresas gestoras de los centros en cuanto a los plazos indeterminados de ejecución y en ocasiones sin el apoyo contractual pertinente.

Otra de las observaciones es la dedicada a los sistemas informáticos actuales de gestión de expedientes relativos a los trámites de las prestaciones a la dependencia, los cuales, según el ente fiscalizador, tendrían que mejorarse de forma que puedan aportar al personal de la Conselleria la información necesaria. En cuanto a las infraestructuras, las de todos los centros residenciales tendrían que adaptarse progresivamente a los requisitos y estándares de calidad exigidos por la normativa actual para llevar a cabo una gestión más eficiente.

Respecto a las incidencias que se derivan de la gestión del personal de los centros de gestión directa relacionadas con la cobertura de plazas vacantes, gestión de vacaciones, bajas y días festivos etc., la Sindicatura indica que la Conselleria tiene que solucionarlas para evitar que se produzcan disfunciones que influyan en la calidad del servicio que se tiene que prestar a los usuarios. Así mismo, tendría que promover políticas de organización de personal y buenas prácticas, planes de formación específicos, etc.

Finalmente, la Sindicatura comparte plenamente una de las conclusiones-recomendaciones que el Defensor del Pueblo detalla en su informe anual de 2019, en lo referente a los centros residenciales y que transcribimos a continuación: “Un modelo de residencias propiamente sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa, en España no está regulado ni ha sido así organizado de manera general para todo el sistema. Sería útil estudiar su viabilidad y conveniencia”.

• INFOGRAFÍA RESUMEN